Celiaquía en España: los derechos y ayudas fiscales que ya existen (y la ley de 600 euros que sigue bloqueada) en 2025-2026
Por el equipo de Cerogluten · 7 min · jul 2026
Qué protege ya la ley: el etiquetado "sin gluten"
La base normativa que garantiza que un producto etiquetado como "sin gluten" sea seguro para una persona celíaca es el Reglamento de Ejecución (UE) nº 828/2014, aplicable desde julio de 2016. Fija dos categorías: "sin gluten", para alimentos con no más de 20 mg/kg (20 ppm), y "muy bajo en gluten", hasta 100 mg/kg en productos elaborados a partir de cereales con gluten reducido. AESAN recuerda que a estas menciones se puede añadir "adecuado para celíacos".
La novedad más reciente llega por el lado de la calidad alimentaria: el Real Decreto 142/2026, en vigor desde el 1 de marzo de 2026, incorpora expresamente el pan sin gluten a la norma de calidad del pan y refuerza los controles de contaminación cruzada, extendiéndolos también a los obradores artesanales.
Comedores escolares: derecho antiguo, desarrollo nuevo
La obligación de ofrecer menú sin gluten en los comedores escolares no es nueva: el artículo 40 de la Ley 17/2011, de seguridad alimentaria y nutrición, ya obliga a los centros públicos, concertados y privados a programar mensualmente un menú especial cuando la familia aporta un informe médico que acredite la enfermedad celíaca, la alergia o la intolerancia. Si el comedor no puede garantizar un menú libre de contaminación cruzada, debe habilitar al menos un espacio y utensilios exclusivos para calentar la comida que lleve el alumno de casa.
Lo nuevo es su desarrollo reglamentario: el Real Decreto 315/2025, publicado en el BOE el 16 de abril de 2025, despliega los artículos 40 y 41 de esa ley y entra en vigor con carácter general el 16 de abril de 2026 (algunos requisitos de compra se aplazan hasta 2027). Su artículo 10 obliga a los centros a ofrecer menús especiales a alumnos con "diagnóstico médico de alergias o intolerancias alimentarias u otras enfermedades". El texto no cita la celiaquía por su nombre, pero encaja en esa categoría; cada familia debería verificar con su centro cómo la aplica en la práctica.
Deducciones fiscales: solo tres comunidades, y no todas iguales
Pese a que sobrevivir con dieta sin gluten cuesta de media varios cientos de euros más al año, en la declaración de la Renta 2025 (a presentar en 2026) únicamente tres comunidades autónomas reconocen una deducción autonómica específica por celiaquía, según confirma la propia Agencia Tributaria:
- Andalucía: 100 euros por cada miembro del núcleo familiar con enfermedad celíaca diagnosticada, sin límite de renta (art. 22 quater de la Ley 5/2021).
- Asturias: 100 euros por persona diagnosticada, pero solo si la suma de bases imponibles no supera 35.000 euros en tributación individual o 45.000 euros en conjunta.
- La Rioja: 250 euros por miembro del núcleo familiar diagnosticado, sin límite de renta (art. 32.20 de la Ley 10/2017).
En los tres casos hace falta un informe médico oficial con el diagnóstico definitivo, y si varios contribuyentes tienen derecho sobre la misma persona (por ejemplo, un menor), el importe se reparte entre ellos. El resto de comunidades no contempla, de momento, ninguna deducción propia por esta causa: conviene revisar cada año la normativa autonómica vigente, porque estas cuantías y requisitos pueden cambiar de una campaña a otra.
La gran ayuda estatal, aprobada pero bloqueada
La medida más ambiciosa en marcha es la Proposición de Ley de compensación económica para las personas celíacas (expediente 122/000194), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. El Pleno del Congreso la tomó en consideración el 21 de octubre de 2025 con 338 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. El texto crea un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca y una deducción reembolsable de hasta 600 euros anuales en el IRPF por cada miembro del núcleo familiar diagnosticado.
Sin embargo, tomar en consideración una proposición solo abre el trámite parlamentario: no la convierte en ley. Según denuncia FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España), la tramitación lleva bloqueada en fase de enmiendas desde el 20 de noviembre de 2025, con 22 prórrogas semanales sucesivas del plazo hasta, al menos, el 3 de junio de 2026. Es decir: hoy esta deducción de 600 euros no existe todavía; es una expectativa en trámite, no un derecho exigible.
Cómo reclamar lo que ya existe
- Pide el informe médico oficial con el diagnóstico definitivo de celiaquía a tu servicio de salud público o a tu aseguradora; es el documento que exigen tanto Hacienda como los colegios.
- Comprueba cada año la deducción autonómica de tu comunidad antes de presentar la Renta: solo Andalucía, Asturias y La Rioja la tienen hoy, con importes y límites de renta distintos, y la lista puede ampliarse o cambiar.
- En el colegio, entrega el informe médico al inicio de curso y solicita por escrito el menú mensual detallado al que obliga el artículo 40 de la Ley 17/2011; si el centro no puede garantizarlo, exige el espacio y los utensilios exclusivos que marca la norma.
- No des por hecha la deducción estatal de 600 euros: sigue su estado real en la web de FACE o en la ficha del expediente 122/000194 en el Congreso antes de contar con ella en la planificación familiar.
- Ante cualquier duda, verifica siempre en la fuente oficial (Agencia Tributaria, BOE, AESAN o el propio Congreso): la normativa varía por comunidad autónoma y cambia de un ejercicio a otro.
Fuentes
- AESAN — Información sobre gluten y Reglamento (UE) 828/2014
- AINIA — Real Decreto 142/2026, cambios en las normas de calidad alimentaria
- FACE — Comedores escolares y dieta sin gluten: ¿qué dice la ley?
- BOE — Real Decreto 315/2025, de 15 de abril
- Agencia Tributaria — Deducción por celiaquía en Andalucía, IRPF 2025
- Agencia Tributaria — Deducción por celiaquía en Asturias, IRPF 2025
- Agencia Tributaria — Deducción por celiaquía en La Rioja, IRPF 2025
- Congreso de los Diputados — BOCG, Proposición de Ley de compensación económica para personas celíacas (122/000194)
- FACE — Las asociaciones exigen al Congreso que ponga fin a las prórrogas de la ley de compensación económica
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